El Intransigente | martes, 17 de enero de 2017 BUENOS AIRES (Redacción) – La compañía de seguros Salud Swiss Medical denunció ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a su principal competidora en el mercado de la medicina prepaga, OSDE, por una supuesta evasión de más de 16 mil millones de pesos. La maniobra habría comenzado en 1989 y se extendió durante 22 años, con la supuesta connivencia de funcionarios de varios gobiernos.
¿En qué consiste? En la falta de pago al Estado de los aportes
generados por los adherentes voluntarios al Fondo Solidario de
Redistribución (FSR), destinado a apuntalar la salud nacional. El tema
es parte de un juicio que tramita desde 1998 y que recorrió todas las
instancias hasta llegar a la Corte Suprema. Pero la controversia promete
escalar: Swiss Medical reclamó ahora la intervención estatal de su
competidora y que se pague la deuda histórica.
El 2 de enero pasado, Swiss Medical presentó un reclamo
administrativo ante la Superintendencia de Salud por el supuesto
incumplimiento de obligaciones de la seguridad social por parte de OSDE y
“haberse valido de la utilización de beneficios tributarios para
irrumpir en la medicina prepaga”. Esto es el no pago del impuesto a las
ganancias, entre otras exenciones.
“Quizás se trate de la corrupción sistémica histórica de mayor
envergadura que se tenga noticias”, destaca la presentación
administrativa, un primer paso para accionar ante la Justicia. Y agrega
que la maniobra no se podría haber llevado a cabo sin la complicidad o
complacencia de actores de los tres poderes, y obviamente de las
autoridades de la Superindetencia de Salud.
Ese organismo está encargado de regular y supervisar los servicios
de salud y entre sus funciones debe velar por el “equilibrio entre
usuarios, prestadores y financiados, en condiciones de libre
competencia, transparencia, eficiencia económica y equidad social”. No
obstante, para Swiss Medical permitió “que se afiance y agrande la
posición dominante y privilegiada de OSDE en el mercado”.
La maniobra denunciada obliga a hacer un poco de historia. Entre
1980 y 1989, las obras sociales no cumplieron con la obligación de
aportar al Fondo Solidario de Redistribución (era un 10% de los ingresos
por los afiliados adherentes). En 1989, se condonó esa deuda y se
modificó el sistema de recaudación, que pasó a manos de la entonces
Dirección Nacional de Recaudación Provisional. Pero la ley dejó afuera a
los adherentes voluntarios. Esa omisión se terminó de suplir en 1990,
mediante una resolución del Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS),
el organismo de aplicación de ese momento.
Recién en 1998, la Superintendencia decidió accionar judicialmente
contra las obras sociales que habían percibido los fondos y no habían
pagado. En el caso de OSDE, la demanda tramita desde ante el jugado de
la Seguridad Social número 5. El Estado en ese caso reclama el cobro
retroactivo de los aportes a partir de 1989.
La demanda ya atravesó todas las instancias y llegó hasta la Corte
Suprema, que todavía no se expidió sobre el fondo de la cuestión. El
Máximo Tribunal solo determinó que la SSS tenía legitimidad para
reclamar el pago de los fondos.
Para cuantificar la supuesta defraudación, la presentación de Swiss
Medical recupera un informe de la Auditoria General de la Nación (AGN)
sobre los fondos adeudados por las obras sociales. El informe fue
aprobado en 2012 y analiza la situación de OSDE y otras obras sociales
entre 2009 y 2010.
Según los números de la AGN, en 2009 las obras sociales debían
aportar al FSR un total de $308.624.433 (es el 15% que dispuso la
resolución INOS 490/90) y solo aportaron menos de 1 millón. La cifra
adeuda en ese año fue de $307.639.358. Si se la multiplica por 22 años
de supuestos incumplimientos (de 1989 a 2011) trepa a $6.768.065.883.
Con los intereses, el monto escala hasta 16.004.976.891, mas del doble
del moto que la AFIP le reclama al empresario Cristóbal López por el
impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC).
Ante la consulta de Infobae, fuentes de OSDE dijeron que se trata
de un juicio que “está en primera instancia” y que la deuda reclamada
“abarca el período entre 1990 y 1998”. “Nadie cuantificó la deuda,
todavía se están tratando de determinar los montos”, dijo una fuente
calificada de la empresa. Sobre la posible intervención, la misma fuente
dijo que significaría un quiebre de la empresa y un perjuicio inmediato
para sus 2 millones de afiliados.
El titular de Swiss Medical Claudio Belocopitt minimizó el impacto
de la medida. “Los afiliados no son cómplices del sistema. Nosotros
vamos a seguir dando servicios a OSDE”, dijo.
Pese a las conclusiones de la AGN, la Superintendencia no tomó
ninguna medida desde 2012. Entre sus facultades tenía la posibilidad de
sancionar, intervenir las obras sociales deudoras o incluso denunciar a
los responsables. “La actuación de la SSS no importa solo beneficiar a
uno de los actores del mercado sino que redunda en un claro perjuicio a
los competidores y fundamentalmente al sistema solidario diseñado por la
propia ley”, dice la presentación administrativa.
Tampoco intervino el Congreso. La Comisión Revisora de Cuentas
recibió el informe de la AGN en 2012 pero recién se expidió en 2015 a
través de un pedido de informes al Poder Ejecutivo.
En 2011, la nueva ley de medicina prepaga agregó más confusión
porque “legalizó” una situación irregular. En su artículo 23, la norma
determinó que “por los planes de adhesión que comercialicen los agentes
del seguro de salud no se realizarán aportes al Fondo Solidario de
Redistribución ni se recibirán reintegros ni otro tipo de aportes”.
La presentación de Swiss Medical reclama ahora que la
Superintendencia de Salud avance con el proceso de intervención de OSDE
para que esa firma “realice con la totalidad de la liquidez disponible
un pago a cuenta de la millonaria deuda que detenta con el FSR” y que
luego se adhiera a un plan de pagos. También insta a la actual
conducción de la SSS a realizar denuncias penales contra los
funcionarios que comandaron ese organismo en los últimos 22 años. La
pelota ahora está del lado del Gobierno.